Fallido pacto del “sí es sí” tras decidir Sánchez cambiar la ley en noviembre


A finales de noviembre, La Moncloa constató que la llamada ley del sólo sí es sí no transitaba por el camino deseado. No llevaba ni dos meses en vigor, pero ya se habían producido las primeras rebajas de penas a agresores sexuales y, sobre todo, el Tribunal Supremo se había pronunciado con motivo del caso Arandina, elevando a 9 años las condenas, pero advirtió de que habrían sido 10 sin la nueva ley. “No esperábamos ese fallo”, admiten fuentes gubernamentales.
Fue la constatación de que, como había anticipado ya alguna ministra socialista, había que tocar la norma. El escudo de que el tribunal sentara doctrina se desmontaba. Cambio de estrategia: había que estudiar cómo modificar el texto para evitar un desgaste y una “alarma social” que ya se admitían en el complejo presidencial. Pedro Sánchez ordenó a las ministras Pilar Llop (Justicia) e Irene Montero (Igualdad) ponerse a trabajar en ello. Por entonces, hace dos meses, en La Moncloa ya concluían lo que no verbalizarían hasta tiempo después: “Es así, había efectos no deseados”. “Hubo preocupación desde el primer momento. No esperábamos estos efectos”, exponen desde el Ejecutivo.
El propio jefe del Ejecutivo en una conversación informal con los periodistas el 6 de diciembre en el Congreso constató el giro al admitir que si era preciso se harían “ajustes técnicos” en la normativa. Justicia e Igualdad ya habían recibido el mandato del presidente.
Justicia e Igualdad no han sido los únicos actores que han protagonizado esta negociación fallida de dos meses. Según ha sabido este diario, por parte de los socialistas han intervenido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la ministra María Jesús Montero, en calidad de número dos del PSOE, y por parte de Podemos, además de Montero ha habido interlocución con la ministra Ione Belarra y se ha mantenido informada y en contacto permanente a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Ambos departamentos entablaron contactos a primeros de diciembre. “Fue una orden del presidente”, admiten fuentes del Gobierno. “El desencadenante es el goteo de rebajas de penas“. Desde Justicia se trasladó a Igualdad la necesidad de emprender “ajustes técnicos”. El departamento que pilota Irene Montero mostró su posición contraria a tocar las penas y, sobre todo, lo que atañe al consentimiento. Pero Sánchez había masticado la decisión, ante el goteo de las rebajas, y después de días de cerrar filas con Irene Montero, pese a que en el PSOE había incredulidad y malestar, siendo muchos los líderes territoriales y los cargos que pedían actuar, modificar la ley. En el seno de la formación socialista existe la convicción que los “efectos no deseados” de del sólo sí es sí puede suponer un desgaste y una factura electoral.